El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó el compromiso del presidente Donald Trump de posicionar al país como un líder global en innovación de criptomonedas. Sus declaraciones se dieron durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, uno de los encuentros más influyentes en el debate económico y político internacional.
En una conferencia de prensa realizada el martes, Bessent abordó el tema de la reserva estratégica de bitcoin de Estados Unidos. El funcionario respondió a una pregunta formulada por la periodista Christine Lee, quien solicitó una actualización sobre el estado del plan que la administración Trump viene impulsando desde 2025.
Bessent explicó que el objetivo del gobierno es desarrollar un marco regulatorio competitivo para los activos digitales. Según sus palabras, la intención es que la regulación funcione como un mecanismo que promueva la innovación, en lugar de frenarla, dentro de un sector que ha crecido con fuerza y se ha expandido hacia múltiples áreas del sistema financiero, reseña The Block.
“Queremos ser el mejor régimen regulatorio para activos digitales y creatividad para impulsar la innovación”, dijo Bessent en Davos. Con esa declaración, destacó que Estados Unidos busca atraer el desarrollo de nuevas tecnologías financieras y empresas del ecosistema cripto hacia su territorio.
La reserva estratégica de Bitcoin: mantener, no vender
Bessent destacó que Trump firmó una orden ejecutiva para conservar las tenencias Bitcoin del gobierno estadounidense como un activo estratégico. Esta decisión implica que el BTC bajo control estatal no se trate simplemente como un activo liquidable, sino como parte de un plan de largo plazo ligado a la política pública.
De acuerdo con lo expuesto, la orden también contempla la búsqueda de estrategias “neutrales para el presupuesto” con el fin de expandir esa reserva estratégica. Esto implica que el gobierno pretende aumentar sus tenencias de BTC sin recurrir a mecanismos que generen impactos fiscales directos, según indicó Bessent.
El enfoque, según lo indicado, se basa en mantener lo ya retenido y encontrar vías que permitan crecer la reserva sin vender los Bitcoin existentes. La orden ejecutiva busca además dejar claro que el activo se considera estratégico dentro de la arquitectura financiera del país.
Trump firmó dicha orden ejecutiva en marzo de 2025 para establecer una reserva estratégica de bitcoin. El documento establecía que el BTC inicial provendría de fondos incautados mediante decomisos vinculados a procesos criminales o civiles, en el marco de procedimientos de confiscación de activos.
Un punto central de la orden es que el Bitcoin depositado en esa reserva no puede venderse. Esa disposición marca una diferencia importante frente al comportamiento histórico del gobierno estadounidense, que en ocasiones ha subastado o vendido criptoactivos incautados en investigaciones de alto perfil.
Incautaciones, decomisos y el debate sobre liquidaciones
Bessent evitó responder a una pregunta específica relacionada con bitcoin decomisado en un caso reciente. La consulta apuntaba a unos USD $6.000.000 en Bitcoin que los desarrolladores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, habrían entregado como parte de su declaración de culpabilidad.
Según reportó Bitcoin Magazine a inicios de mes, esos fondos podrían haber sido vendidos por el U.S. Marshall Service. Sin embargo, Bessent declinó pronunciarse sobre el tema durante la conferencia en Davos, pese a que la pregunta se relacionaba con la coherencia del plan de reserva estratégica.
El tema ha generado interés porque toca un punto sensible para la estrategia anunciada por Trump: la tensión entre las prácticas habituales de liquidación de activos decomisados y la nueva orden que busca conservar bitcoin como reserva estratégica.
La semana pasada, el principal asesor cripto de la Casa Blanca, Patrick Witt, sostuvo que esos Bitcoin no han sido liquidados. En esa línea, Witt indicó que, si el BTC no se vendió, entonces no se habría incumplido la orden ejecutiva de Trump sobre la reserva estratégica de bitcoin.
Este intercambio ilustra un dilema recurrente en política pública cripto: cómo coordinar a múltiples agencias y servicios federales cuando existen activos digitales incautados, especialmente en un entorno donde las decisiones de custodia o venta pueden tener implicaciones económicas y simbólicas.
“Primero dejar de vender”: la lógica del gobierno, según Bessent
Durante su intervención, Bessent ofreció una explicación sobre la secuencia que, según su visión, guía la política gubernamental respecto al bitcoin incautado. “La política de este gobierno es añadir bitcoin incautado a nuestra reserva de activos digitales después de que los daños estén hechos”, afirmó.
En su planteamiento, el primer paso consistía en detener la venta de Bitcoin por parte del gobierno. “Entonces la reserva de bitcoin, nuestro punto de vista, fue primero que hay que dejar de vender, lo cual ya hicimos, y luego podemos añadir los activos y decomisos de activos”, agregó Bessent.
Estas declaraciones apuntan a una estrategia que busca consolidar la acumulación de BTC como un recurso estatal. Para lectores menos familiarizados con este tema, vale aclarar que el gobierno de Estados Unidos puede adquirir criptomonedas de manera indirecta cuando las incauta en investigaciones y procesos judiciales.
En casos de decomisos, esos fondos pasan a manos estatales mediante la confiscación de activos. Históricamente, algunas de esas tenencias han sido vendidas. Sin embargo, la administración Trump plantea un giro: mantener el BTC y convertirlo en una reserva estratégica que no se liquide.
El anuncio y su implementación se insertan en un momento en el que varios gobiernos discuten qué papel pueden jugar los criptoactivos en la política económica. Bitcoin, por su escasez programada y su naturaleza descentralizada, suele ser comparado con el oro como un activo alternativo de reserva, aunque con una volatilidad considerable.
Legislación cripto en Washington: avances y fricciones
Bessent también mencionó el trabajo que se desarrolla en Washington D.C. para impulsar legislación enfocada en regular la industria cripto de manera integral. Según indicó, el presidente Trump busca traer “activos digitales e innovación” hacia Estados Unidos, con una agenda que pretende que el sector opere dentro del país bajo un marco claro.
Este punto resulta clave porque, más allá de las órdenes ejecutivas, el avance de una regulación estable suele depender de la legislación aprobada por el Congreso. Para el mercado, una ley de estructura del mercado cripto podría definir reglas de supervisión, responsabilidades de plataformas y condiciones de operación para distintos tipos de activos digitales.
No obstante, el progreso legislativo se topó con un obstáculo la semana pasada. El Comité Bancario del Senado pospuso una audiencia que tenía como objetivo enmendar y votar su versión del proyecto de ley de estructura de mercado cripto.
Según lo informado, la postergación se produjo tras desacuerdos sobre cómo tratar las recompensas asociadas a stablecoins. Además, se reportó que Coinbase retiró su respaldo al proyecto, lo que añadió presión política al proceso y reflejó las divisiones internas sobre el alcance y enfoque de la regulación.
Este escenario muestra que, incluso con señales favorables desde el Poder Ejecutivo, el debate legislativo puede ser complejo. El ecosistema cripto incluye actores con intereses distintos, como emisores de stablecoins, exchanges, desarrolladores y firmas de inversión, y no siempre existe consenso sobre cómo deberían diseñarse los incentivos y límites regulatorios.
